El reciente llamado a concurso público para la adjudicación de agencias se diferencia del historial de renovaciones automáticas de concesión que el Organismo ha otorgado a sólo dos grandes empresas.
El diputado provincial Jorge Rizzotti, quien sigue el actividad del Banco de Acción Social (BAS) con iniciativas en la Legislatura y hasta denuncias por las que la Justicia imputó a actuales funcionarios por sobresueldos, señaló la desigualdad que se confirma con el actual llamado a concurso para la concesión de agencias: “se sigue una modalidad legal para este sector de contiene a agencieros que tienen pequeños ganancias, por lo general para el sustento familiar, y se les cobra cinco mil pesos el valor de un pliego, mientras que para las grandes empresas que administran salas de casinos y tragamonedas que mueven grandes volúmenes hay renovaciones automáticas desde hace décadas y hasta por casi diez años más”.
El legislador del bloque UCR repasó que “la única adjudicación por licitación pública para estas salas que tienen enormes ganancias fue en el año 1989, y desde entonces se renovaron las adjudicaciones automáticamente e incluso se autorizó a una segunda empresa por una simple resolución de un gerente interno del BAS, irrespetando y por fuera de la ley de contrataciones del Estado”.
“A esta línea de análisis hay que sumarle que la Justicia imputó a funcionarios del BAS que –como que quedó demostrado por el propio Tribunal de Cuentas y fue denunciado de nuestro Bloque- cobraron sobresueldos, e, incluso así, ¡hoy siguen en funciones en el Directorio!”, expresó Rizzotti. “Podemos también diagnosticar como pésima la administración en torno a los objetivos de creación del Organismo: en el presupuesto de 2014 había destinado para acción social menos de un 4%y presentaba una necesidad de financiamiento de cerca de 18millones de pesos”, agregó el diputado, quien consideró: “el grotesco funcionamiento del BAS y el trato negativamente diferenciado para las adjudicaciones, es resultante de una gestión corrupta del organismo que hace años ampara el gobernador Eduardo Fellner; en el BAS se replica la modalidad de favoritismo que lleva adelante el oficialismo desde hace más de quince años: las posibilidades de empoderar al Estado y a la ciudadanía común desde la gestión gubernamental se diluye por una gestión que responde a intereses de muy pocos y grandes empresarios”.