La Cámara de Diputados de la provincia dio luz verde ayer al proyecto de negociaciones colectivas de trabajo enviado la semana pasada por el Poder Ejecutivo. Con quórum propio, el PJ convirtió en ley la iniciativa girada por el gobierno, que apunta a darle un ordenamiento y reglas claras a las discusiones salariales y laborales entre el Estado empleador y sus dependientes, los trabajadores de la Administración Pública jujeña. La ley fue sancionada con el número 5.863 y celebrada por los legisladores oficialistas que defendieron con firmeza el espíritu de la iniciativa.
Daniel Almirón, presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, fue el miembro informante de la bancada justicialista. En su exposición, el legislador, que también presidió la comisión única que se conformó en el ámbito legislativo para la evaluación del proyecto, llevó al recinto los antecedentes de la legislación existente en la materia, haciendo una alusión puntual a la Ley 4.679 aprobada en 1.993 y que terminó adhiriendo a la Ley nacional 24.185, que regula las relaciones del Estado con sus empleados.
Explicó que algunas objeciones presentadas por los sindicatos estatales, en los días previos y mientras se llevó adelante una ronda de conversaciones entre legisladores y gremialistas, los cuestionamientos principales se focalizaron en un par de artículos. Comentó que de las consultas efectuadas surgió que una de las principales observaciones se centró en el no pago de los días de huelga, mientras que un segundo cuestionamiento apuntaba a la obligatoriedad que debían cumplir los sindicatos de contar con la debida personería gremial.
La valoración política de esta iniciativa estuvo a cargo del jefe de la bancada justicialista, Javier Hinojo, quien aseguró que con la sanción de esta norma se estaba saldando una vieja deuda con la sociedad jujeña y los trabajadores en su conjunto. “En la provincia hubo un sinfín de intentos de poner un marco de racionalidad a las discusiones laborales y salariales, basados todos en el principio de buena fe, pero ninguno de ellos llegó al puerto deseado”, subrayó.
Aclaró que la iniciativa respondía a una decisión política del gobernador, que asumió esta responsabilidad convencido que esta ley era necesaria para el bien de todos los jujeños. El legislador puso de relieve que la iniciativa había tenido una buena acogida por parte de todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, pero adujo que la ausencia de la oposición en el recinto se debió a “una travesura del diablo que metió la cola”.
Al ahondar en este punto, Hinojo repartió críticas hacia la oposición parlamentaria y también para algunos sectores sindicales, aunque no especificó nombres ni banderías de ningún color. “Hay gente que no quiere el orden en Jujuy, que les molesta las decisiones políticas firmes que se asumen desde el Ejecutivo y que son trascendentes para todos los ciudadanos jujeños, sectores que quieren seguir viviendo en el caos, y otros que no aportan nada para que la realidad de la provincia cambie”, aseveró.
En estesentido, apuntó a la figura política del jefe de la UCR jujeña, Gerardo Morales, aduciendo que en recientes spots publicitarios aparece pidiendo prudencia y paz en la provincia, pero cuando le toca tomar decisiones se esconde o manda a sus legisladores a negar el debate. “Son incapaces de poner la cara, de dar las discusiones que le debemos a la sociedad jujeña, y de asumir la responsabilidad que le confió parte de los ciudadanos a través del voto”, puntualizó.
“Es una ley que se valorará con el tiempo”
En otro momento de su encendido discurso, Hinojo expresó que el tiempo permitirá valorar el sentido de esta norma, que apunta a darle un marco de racionalidad y de buena fe a las negociaciones colectivas. “Esta ley viene a respetar la democracia sindical y la representación que propicia todo sistema democrático de gobierno”, enfatizó.
“La historia y la sociedad será la encargada de valorar las actitudes asumidas por uno y otro sector, pero toda la ciudadanía jujeña debe saber que algunos sectores y algunos actores no se sienten cómodos con este marco normativo propuesto desde la buena fe por el gobierno”, agregó.
Por último, esgrimió como fundamento primordial que esta ley reivindica el derecho de los trabajadores y los principios del General Perón.-