Al explicar técnicamente la norma, el diputado Jorge Noceti (PJ) aseguró que se trata de un instrumento que servirá para poner orden a la discusión salarial y laboral. Anhelo que sea una herramienta que le permita al Poder Ejecutivo y a los gremios encontrar los acuerdos necesarios en el marco de las negociaciones colectivas. Detalló además que algunas modificaciones introducidas en el texto original permitirán darle mayor claridad a la aplicación de su articulado.
Respecto al artículo 15, que hace mención al descuento de los días de huelga, el legislador indicó que es un punto que fue cambiado en su totalidad por una norma que ratifica la vigencia del artículo 23 del estatuto del Empleado Público. Señaló que el mismo establece como requisito fundamental para la percepción del salario la asistencia y la prestación efectiva del servicio.
Más adelante, refirió que la sanción de esta ley no condiciona el diálogo y que, por el contrario, es un instrumento para acercar posiciones y discutir las condiciones salariales y laborales en un marco ordenado y democrático. “El diálogo siempre va a estar abierto”, recalcó, a la vez de indicar que antes del tratamiento de este proyecto hubo reuniones extensas con representantes de todos los sectores sindicales de la provincia.
Afirmó que los representantes gremiales, cuando lean el articulado de esta ley, se van a dar cuenta que se hicieron algunas modificaciones que fueron sugeridas por cada organización sindical. “Hemos respetado muchas de sus inquietudes, que nos parecieron válidas, positivas y a favor de una mejor legislación”, admitió.
Aclaró asimismo que la matriz de la discusión no fue el proyecto presentado por el Frente de Gremios Estatales, que perseguía un fin distinto al del Ejecutivo. Respecto a la representatividad gremial, Noceti refirió que la norma sigue manteniendo el principio de la Ley nacional de Asociaciones Sindicales, que indica que en estas negociaciones tienen participación las autoridades que tienen personería gremial.
No obstante ello, puso de relieve que la ley sancionada ayer les da plazo a las entidades que no cuentan con la personería a regularizar su situación en el término de seis meses, que será prorrogable por seis meses más.-