El diputado provincial del Bloque Peronista, Germán Noro, presentó un proyecto de Ley, que tomó estado parlamentario en la última sesión ordinaria de la Legislatura jujeña, referido a inhabilitar a personas para cargos o empleos públicos cuando pese sobre ellas resolución firme del Tribunal de Cuentas de la Provincia por irregularidades y daños contra el patrimonio del Estado.
Dicha iniciativa, para la cual se pidió moción de preferencia a fin de que sea tratada en la próxima sesión, ya cuenta con despacho de la comisión de Asuntos Institucionales.
Establece que toda persona sobre la que recaiga Resolución firme dictada por el Tribunal de Cuentas de la provincia, a la que se le haya formulado cargos determinando la responsabilidad por irregularidades y daños al patrimonio del Estado, sea por la administración y disposición de recursos públicos y/o multas, importará de forma excluyente la inhabilitación para: a) el ejercicio de cargo público, sea proveniente de elección popular o designación ejecutiva o legislativa; b) el empleo público aún cuando fuera de carácter transitorio o contractual y/o comisiones públicas.
También estipula que en caso de que el infractor abone la totalidad de la deuda, más intereses y respectivas costas en caso de corresponder, cesará la inhabilitación luego de transcurrir 180 días de efectivizado el pago.
Asimismo, el organismo de contralor deberá remitir dentro de los primeros cuatro meses de cada año a la Legislatura de Jujuy, una nómina de los infractores.
En los fundamentos, el diputado Noro expresó que "el funcionario y empleado público están obligados a actuar imparcialmente y con sujeción a los preceptos legales, como también observar los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes, desempeñarse con idoneidad técnica, legal y moral, que es condición esencial para el acceso y ejercicio de dicha función, debiéndose conducir con dignidad en el cargo asi como con decoro y honradez en su vida social".
"Todo ello genera confianza y credibilidad de la comunidad en la función pública. En consecuencia, la inhabilitación es una interdicción intuito personae que impide a un ciudadano ejercer una actividad u obtener un empleo o cargo en el ámbito del sector público, durante un determinado lapso, por haber sido destituido o despedido como consecuencia de la comisión de una falta grave en el ejercicio de su función pública o en su vida privada, que afecten gravemente el servicio o lo hagan desmerecedor del concepto público", agregó.
El legislador del Bloque Peronista señaló que en el reciente mensaje del gobernador Gerardo Morales abriendo el actual período ordinario de sesiones de la Legislatura, informó la existencia de 1.650.000.000 de pesos de cargos definitivos determinados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia en procesos administrativos oportunamente instaurados contra los respectivos cuentadantes. Así también manifestó la existencia de 170 millones de pesos que se están ejecutando por intermedio de Fiscalía de Estado de la Provincia.
Y comentó que como sociedad debíamos debatir sobre el curso a seguir sobre esta escandalosa situación que no registra parangón en la vida institucional de la provincia. "Sostenemos entonces que no debemos permanecer ajenos a la cuestión. Nuestra Carga Magna provincial determina en su artículo 200 que entre las facultades del Tribunal de Cuentas se encuentra la de aprobar o desechar la percepción e inversión de los caudales públicos y declarar las responsabilidades que resultaren, sin perjuicios de las atribuciones de la Legislatura, y deberá asimismo formular cargos determinando la responsabilidad por irregularidades y daños al patrimonio del Estado", finalizó diciendo Noro.