De todas las denuncias judiciales que tiene la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la causa por la compra irregular del actual edificio de la Procuración es la que más ha golpeado políticamente a la jefa de los fiscales. Hasta ahora tiene 24 causas penales abiertas, pero en ninguna ha sido llamada a declaración indagatoria gracias, entre otros factores, a fiscales de “Justicia Legítima” que le responden y traban las investigaciones.
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| Alejandra Gils Carbo con legislador gustavo vera, en octubre pasado. |
Recién esta semana, la jefa de los fiscales tuvo que curarse en salud e iniciar un sumario interno contra el director de administración de su organismo, Guillermo Procuración, con retraso.
La licitación irregular para comprar el edificio de Perón 667 había sido varios años atrás.
Es decir, Gils Carbó sintió la presión judicial y política de esta causa que tiene el juez federal Julián Ercolini y un subordinado de ella, el fiscal Eduardo Taiano.
En Tribunales se preguntan si su decisión del 2012 de anular la preadjudicación para la compra de otro edificio y permitir el pago de un millón de dólares en comisión fue complicidad o negligencia.
La primera hipótesis se relaciona con la denuncia anónima que habla de una supuesta participación de su ex marido, Héctor Alonso, en la cadena de cobro de las comisiones. Hacia esta hipótesis se dirigieron los cuatro allanamientos de ayer y la decisión del juez de pedir al titular de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, que haga una trazabilidad del destino de ese millón de dólares que se pagó como comisión.
La defensa de la fundadora de “Justicia Legítima” es decir que el llamado a licitación prohibía el pago de comisiones desde el Estado y que ese dinero provino “de los privados”. En realidad, eran fondos públicos que luego de pasar por las manos de los vendedores, la familia Bemberg, se convirtieron “en privados”. Una coartada difícil de sostener. El ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, por ejemplo, fue procesado por la jueza María Servini de Cubría por entregar millones de fondos públicos, a través del plan Fútbol Paras Todos, a la AFA, que a su vez, hizo pagos privados a los clubes. Es decir, Servini rechazó el mismo argumento que ahora enarbola Gils Carbó.
Sucede que los legisladores K defenderán a Gils Carbó con capa y espada porque es la mejor garantía de protección para los juicios contra Cristina Kirchner. Por eso, algunos legisladores de Cambiemos están pensando en un rodeo. Impulsar la modificación de la ley de Ministerio Público y permitir que la destitución de los procuradores generales sea por mayoría simple. En definitiva, sin presión judicial y política, la procuradora hace un año y medio que demostró que no se va a ir por las buenas, como suponía un sector de Cambiemos.