La Defensoría del Pueblo de Jujuy envió al Concejo Deliberante de la capital provincial una resolución rechazando el posible aumento de la tarifa del transporte urbano de pasajeros sin la concreción de la correspondiente audiencia pública, conforme a lo establecido por la normativa en vigencia. Al mismo tiempo, el instrumento emitido por la institución rechaza el estudio de costos elaborado oportunamente por ser un informe “unilateral”.
La resolución de la Defensoría fue explicitada por el ombudsman jujeño, Javier de Bedia, a través de una entrega de prensa distribuida a los medios de comunicación locales. En la misma, el organismo recomendó abrir el debate a la ciudadana y permitir la participación de la Universidad, de las entidades vecinalistas y de todos los estamentos de la sociedad involucrados directa o indirectamente con el servicio de transporte público.
“La Universidad tiene la capacidad técnica para determinar los costos exactos de un servicio que es de suma necesidad para sus habituales usuarios”, sostuvo de Bedia, quien además explicó que desde la Defensoría se está solicitando también la implementación de un boleto social para los sectores que atraviesan un momento crítico en lo económico.
Otro de los pedidos, según precisó el defensor, es que las empresas faciliten el acceso a las unidades de transporte de las personas discapacitadas y que cumplan con todos los compromisos que asumieron al momento de obtener la explotación de las distintas líneas del sistema de transporte.
“Las empresas tienen que tener unidades adaptadas, en buen estado, limpias, y cumplir con las frecuencias, porque ese es uno de los requisitos para el pedido de una readecuación tarifaria”, agregó.
“No decimos que el aumento no es necesario, pero si creemos que se tienen que cumplir algunos requisitos y obligaciones preestablecidas en el proceso de concesión de las líneas. Porque observamos que existe incumplimientos de parte de algunas empresas con sus compromisos adquiridos antes de comenzar la explotación de sus corredores”.
“La audiencia pública está contemplada en la Constitución Nacional y Provincial. La Ley 24240 de Defensa del Consumidor indica que toda revisión de cuadros tarifarios debe necesariamente pasar por una audiencia pública. Este es el procedimiento más transparente, porque allí el usuario tiene la posibilidad de hacer valer sus derechos y visibilizar sus necesidades respecto al servicio público en cuestión”, completó.
GESTIONES PARA REDUCIR EL IMPACTO DE LOS FUTUROS AUMENTOS DE LUZ Y GAS
Por otra parte, al hacer referencia a los futuros aumentos de los servicios de energía eléctrica y de gas natural, refirió que la Defensoría está en pleno proceso de evaluación de dichas modificaciones tarifarias y que evalúan emitir una resolución recomendando a la provincia hacer una quita de impuestos locales que permitan compensar las subas de ambos servicios, atendiendo a que los precios por el traslado y la distribución tanto de electricidad como de gas son fijados a nivel nacional.
Nuestra postura es intentar con gestiones ante el gobierno provincial que el impacto en el bolsillo de los usuarios no sean tan notorio. Buscamos que las boletas de estos dos servicios no se encarezcan y se hagan inalcanzables para la gente”, finalizó.-