Los jujeños mostraron en las urnas su hartazgo frente a tres décadas de demagogia populista y violencia.
Jujuy sigue postergada y es
protagonista de hechos que deberían comprometer no sólo al gobierno
local sino también al nacional: a la impúdica pobreza imperante y a los
históricos problemas sociales, de vivienda y trabajo genuino se le suman
ahora un aumento de la inseguridad y la violencia, en un territorio
atravesado por el narcotráfico.
Las endebles fronteras de Jujuy y del resto del norte
argentino favorecen el tráfico de drogas, que se desarrolla frente a los
ojos atónitos de la ciudadanía y se fortalece por la inacción de las
autoridades. Numerosos jueces han expresado su preocupación por el
aumento del consumo, y la falta de radares y de herramientas para
combatir la acción de los narcotraficantes, clamor que se suma al
reciente llamado de los obispos argentinos.
Este panorama, de por sí alarmante, se da en el escenario político complejo que vive Jujuy. El gobernador, Eduardo Fellner,
debilitado tras las últimas elecciones y con un liderazgo deslucido,
carga sobre sus hombros una provincia con una economía débil y
Estadodependiente.
Por primera vez desde que regresó la democracia, el
Partido Justicialista fue derrotado en las elecciones para legisladores
provinciales en Jujuy. También perdió su habitual primer puesto en los
cargos a diputados nacionales: ganó sólo una de las tres bancas en
pugna, mientras que los dos escaños principales los obtuvo la Unión
Cívica Radical, a través del Frente Jujeño.
Si bien el Frente para la Victoria perdió por un número
ajustado (con una diferencia de 1321 y 2126 sufragios, para diputados
nacionales y provinciales, respectivamente), los resultados de esta elección histórica
de la oposición deben interpretarse como un voto castigo. Las urnas
reflejaron la preocupación y el hartazgo de gran parte del electorado
jujeño frente a las ineficaces políticas públicas que ha llevado
adelante el justicialismo local a lo largo de las tres décadas que lleva
en el poder.
Según datos de la cátedra de Economía de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Jujuy,
hay unas 118.000 personas que reciben planes sociales y 62.500 empleados
públicos en todo el territorio. En el sector privado, el empleo formal
involucra a 52.000 trabajadores mientras que hay unas 23.400 personas
con trabajo no formal o en negro. A esas cifras se suman unos 21.000
cuentapropistas en la vía pública, como feriantes y vendedores
ambulantes. Se trata de cifras que dan cuenta de la incapacidad del
gobierno local de promover, en los hechos, una economía sana, viable e
inclusiva para la población local.
Cabe recordar que Fellner no es un recién llegado a la
política. Ya ha conducido la provincia entre 1998 y 2007, sucedido hasta
2011 por su ex vicegobernador y actual senador nacional, Walter
Barrionuevo. Además, el fellnerismo lleva en su haber una socia que
nació bajo el influjo de su propio gobierno, luego fue potenciada por el
kirchnerismo: Milagro Sala quien, junto a otros tres integrantes de la
Organización Barrial Tupac Amaru, asumieron como diputados provinciales.
Sala controla cerca de 80.000 planes sociales y maneja
de manera discrecional un abultado presupuesto que le otorga el gobierno
nacional, que superaría los 14 millones de pesos mensuales. Es
investigada, además, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito
iniciada por el senador nacional por la UCR Gerardo Morales.
La controvertida dirigente social está también
procesada por la justicia federal como instigadora de los delitos de
daño agravado y amenazas por los hechos de violencia sucedidos en 2009
en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la capital jujeña,
procesamiento que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
Por otro lado, Sala e integrantes de su organización
fueron sobreseídos en 15 causas penales radicadas en el juzgado residual
a cargo del juez Javier Aróstegui. Por estos hechos, el senador Morales
presentó al Superior Tribunal de Justicia de Jujuy un pedido de jury de
enjuiciamiento del mencionado magistrado, por incumplimiento de los
deberes a su cargo e incapacidad en el desempeño de sus funciones.
Paradójicamente, Sala es una de las principales
referentes del movimiento Justicia Legítima en Jujuy. En octubre del
año pasado, seis días antes de las elecciones, Sala junto con militantes
del Frente Unidos y Organizados fueron parte de un confuso
enfrentamiento en un barrio capitalino, en el que dos miembros de la
organización resultaron heridos con armas de fuego. El hecho, por demás
preocupante y repudiable, es solo una señal más de alarma del clima que
se vive en la provincia.
La irrupción de Sala en la Legislatura genera gran
expectativa en su sector político. También despierta enorme preocupación
en no pocos compañeros de recinto así como en la mayor parte de la
población, que rechaza sus métodos violentos. La ciudadanía está hoy
presa del silencio que impone una provincia sin seguridad institucional
ni jurídica y con una libertad de expresión mutilada.
La enorme capacidad de movilización de Sala, que
acarrea manifestantes rehenes de sus prácticas extorsivas y violentas,
hace suponer que su organización seguirá utilizando los cortes de calles
y rutas para lograr cualquier objetivo. Es de esperar que, tras llegar a
la Legislatura provincial, Sala cese de inmediato sus modos
patoteriles, que incluyen maltrato y aprietes a dirigentes y referentes
de sectores que no le son afines, así como a periodistas..
La Nacion
