Miembros de los diferentes espacios que integran la Mesa Coordinadora contra la Violencia Institucional de Jujuy mantuvieron la semana pasada sendas reuniones con el Obispo, César Fernández y con el Secretario de Seguridad de la provincia, Jorge Zurueta.
En ambas reuniones los integrantes de la Mesa hicieron mención a la nota entregada en noviembre del año pasado a diferentes funcionarios que contenía un informe sobre casos de violencia institucional en la provincia relevados por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Estos casos se desarrollaron a lo largo de del 2013, así como las insuficientes respuestas institucionales que recibieron las víctimas. Las prácticas violatorias de derechos humanos de parte de efectivos de la policía provincial, explicitaba la nota, “se sostienen en el tiempo, evidenciando la ausencia de control político sobre las fuerzas de seguridad, y la connivencia e indiferencia de la justicia provincial ante estos hechos de violencia institucional”.
El Sr. Obispo mencionó que está al tanto de la problemática ya que le llegan con frecuencia casos de este tipo, por parte de fieles que se acercan con angustia y desesperación. En este sentido, solicitó orientación para saber dónde derivar los casos y cómo tratarlos. Señaló también el Sr. Obispo que conoce la realidad de San Pedro y Libertador, lugares donde la Mesa realiza un seguimiento de casos de violencia institucional.
Se solicitó la colaboración del obispo Fernández, dada la importancia de su rol en gran parte de la comunidad jujeña, para lograr generar consciencia sobre ésta problemática y brindar claridad sobre el concepto ya que muchas veces los medios de comunicación y algunos políticos lo abordan confusamente.
Se conversó también sobre las prácticas de tortura propias de la época de la Dictadura que se siguen reproduciendo en las comisarías. El obispo señaló que si bien el gobierno nacional ha avanzado mucho en Derechos Humanos aún quedan "focos oscuros". En un mensaje esperanzador mencionó que si bien esto existió y perdura, “no implica bajar los brazos”, “ si bien es difícil, hay que sumar voluntades para crear consciencia social; la sociedad no puede permitir que esto siga pasando".
Finalizada la reunión el padre Fernández se comprometió a reflexionar sobre este tema en la gira que realizará por la provincia.
Posteriormente los representantes de la Mesa Coordinadora se encontraron con el Dr. Jorge Zurueta, Secretario de Seguridad. En una extensa reunión, se trataron temas específicos sobre los casos que la Mesa sigue en San Pedro de Jujuy y otros lugares de la provincia.
Se remarcó en consonancia con la nota del CELS y la Secretaría de DDHH de la Nación, la necesidad de tres medidas ineludibles: la iniciación de los correspondientes sumarios administrativos para el esclarecimiento de los hechos ocurrido respecto de los policías intervinientes en los hechos de violencia; el apartamiento preventivo de los oficiales que fueran reconocidos y mencionados repetidas veces por parte de las víctimas y por último, el desarrollo de protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad a los fines de que haya un criterio transparente sobre qué conductas comprende el accionar regular de un oficial de policía.
También se conversó sobre las condiciones e irregularidades en el servicio penitenciario como la existencia de celdas de castigo y las pésimas condiciones ambientales, como la proliferación de chinches y pulgas con las que conviven los presos.
El Secretario de Seguridad por su lado compartió los cambios en marcha en el área, particularmente emprendimientos para mejorar las condiciones de detención en comisarías. Solicitó a su vez, copia de los expedientes de las causas judiciales que la Mesa Coordinadora lleva e informes sobre casos que todavía no han adquirido ese rango. Todo eso con el fin de tomar mayor conocimiento del tema e intervenir en ellos.
Pidió la colaboración de los presentes para empezar a tratar posibles protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad con el fin de evitar abusos, excesos o cualquier delito de violencia institucional.
Frente a la denuncia de que se continúa aplicando electricidad sobre jóvenes en comisarías jujeñas, se comprometió a actuar inmediata y personalmente conforme a Derecho.
Para finalizar se convino en continuar realizando reuniones conjuntas de trabajo sobre este tema.
¿A qué llamamos VIOLENCIA INSTITUCIONAL?
Se entiende por Violencia Institucional a la aplicación de prácticas que resultan lesivas para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las personas llevadas a cabo por agentes estatales en uso de las facultades otorgadas en el marco de un Estado de Derecho. Las mismas conforman violaciones a los Derechos Humanos.
