Greenpeace repudió los actos de violencia cometidos por grupos armados hacia familias campesinas en Santiago del Estero con el fin de ocupar sus territorios y arrasar con sus bosques. Además, la organización ambientalista reclamó a los gobiernos provincial y nacional que actúen en defensa de estas comunidades y sus bosques; y al Congreso Nacional que sancione lo antes posible el proyecto de ley presentado la semana pasada que establece un Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo. (1)
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MOCASE-VC) denunció en un comunicado que el sábado pasado "tres camionetas de la empresa Manaos de Orlando Canido, cargadas con 15 personas armadas con pistolas y rifles, entraron nuevamente a los tiros a la comunidad indígena guaycurú de Bajo Hondo, provincia de Santiago del Estero. La banda armada empezó a perseguir a las familias de la comunidad, que se tuvieron que refugiar en el monte con sus hijos e hijas, mientras veían cómo prendían fuego a las viviendas y a los vehículos de la comunidad. En esta secuencia de tiros, dispararon a los vehículos y el compañero Pedro Campos recibió un balazo en la pierna".
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace afirmó, "A pesar de las reiteradas advertencias y reclamos de organizaciones campesinas y sociales, crece cada vez más la violencia por parte de empresarios agropecuarios hacia las comunidades campesinas e indígenas en Santiago del Estero con el objetivo de desalojarlas y desmontar. Los que deforestan ilegalmente y agreden a las comunidades no son empresarios, son delincuentes. Los gobiernos provincial y nacional no pueden desentenderse de esta grave situación."
La Dirección de Bosques de la provincia autorizó en octubre de 2014 un Plan Productivo de 3.692 hectáreas a la empresa Gran Hondonada S.A. ubicadas en el departamento Juan Felipe Ibarra. Estas tierras son parte de un territorio reclamado por la Comunidad Indígena Iaku Cachi Bajo Hondo ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el cual comprende varios parajes y abarca cerca de 10.000 hectáreas. En noviembre de ese mismo año la Dirección de Bosques suspendió el proyecto, ante los reclamos de los campesinos. Sin embargo, ya se llevan desmontadas más de 2.500 hectáreas en forma ilegal. (2)
En junio pasado, Greenpeace envió una carta a a la gobernadora de la provincia, Claudia Abdala, manifestando su preocupación ante los hechos de violencia y el avance de los desmontes ilegales. (3)
Un reciente informe de Greenpeace denunció que entre enero y agosto de este año en Santiago del Estero la deforestación ilegal alcanzó las 10.583 hectáreas de bosques (el doble que en las zonas permitidas).(4)
Notas:
1) Proyecto de ley "Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo"
2) Informe de Greenpeace “Desmontes S.A. Parte 3. El mapa del delito forestal en Argentina”.
3) Carta de Greenpeace a la gobernadora de Santiago del Estero
4) Informe de Greenpeace "Deforestación en el norte de Argentina (enero - agosto 2016)