El Gobierno de la Provincia, a través de Fiscalía de Estado, actuará como querellante ante los hechos de violencia acontecidos durante el proceso de reforma constitucional y posteriores a él. Las denuncias penales efectuadas, enmarcadas como delitos flagrantes, serán tanto a personas físicas como jurídicas, quienes ocasionaron daños incalculables a Legislatura de la Provincia, Municipio de Humahuaca, espacios públicos, privados, entre otros, y perjudicaron a emprendimientos vinculados al turismo con cortes de ruta ilegales.
04 DE JULIO DE 2023
“Con métodos
extorsivos y sediciosos atropellaron instituciones y autoridades públicas”,
explicó, sosteniendo que “estamos solicitando la detención inmediata de los
violentos, extorsionadores y delincuentes”, sobre los cuales “caerá todo el
peso de la Ley”.
“Instamos a los
agentes fiscales de turno, tanto de la justicia provincial como nacional, a que
actúen de manera inmediata sobre todos los involucrados” indicando que,
respecto a los funcionarios públicos que hayan intervenido, “recibirán el doble
de la pena estipulada por el código penal, y la inhabilitación de su cargo
público”.
Agregó que también se recibieron innumerables denuncias de particulares damnificados, a quienes “acompañaremos durante el proceso legal”.
Por su parte, el ministro de
Seguridad, Guillermo Corro, expresó que, desde su cartera, junto a la Policía
de la Provincia, “se están aportando todas las pruebas necesarias para la
investigación de las causas que lleva adelante el Ministerio Público de la
Acusación”.
Destacó que,
desde el inicio de los cortes de ruta, se está trabajando en todas las actas
contravencionales correspondientes, detallando que las mismas se llevan
adelante contra personas físicas y jurídicas, identificadas a través de los
elementos de prueba, como filmaciones, declaraciones testimoniales, entre
otras.
“Cortar rutas no
es una modalidad de protesta, es un delito que se encuentra penado por el
Código Penal, y pone en riesgo, no solo la salud de las personas, sino sobre
todo perjudica el trabajo de la gente, sobre todo en Quebrada y Puna, donde el
turismo, y el alto ingreso que este genera, que se ve altamente afectado”,
acotó, afirmando que “el Estado no va a tolerar la comisión de delitos contra
el orden constitucional y sistema democrático”.
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