Años atrás la Provincia llegó a registrar 28 muertes maternas de las cuales la mitad fueron causadas por abortos inseguros. Actualmente, el Ministerio de Salud, a través de la implementación de políticas públicas y el fortalecimiento de los equipos de profesionales logró reducir la muerte de mujeres durante el año pasado.
La planificación familiar, el control de enfermedades crónicas y la interrupción legal del embarazo son algunas de las respuestas del Estado jujeño a las mujeres que transitan situaciones que ponen en riesgo su vida.
Una de las políticas de mayor impacto en la reducción de la mortalidad materna fue el fortalecimiento de los equipos de profesionales que, capacitados a través del Programa Nacional de Salud Sexual, trabajan en la captación y contención de las mujeres embarazadas. Conformados por médicos generalistas, psicólogos, trabajadoras sociales y educadores para la salud, brindan atención no solo en el Hospital Materno Infantil, sino también en puestos de salud y hospitales del interior de la Provincia.
La coordinadora Provincial de Salud de la Mujer, Claudia Castro, explicó que “en caso de que los equipos de salud encuentren una situación de riesgo brindan asesoramiento a la paciente, y siempre es ella la que, una vez informada y acompañada, toma la decisión”.
“Incluso en aquellos embarazos productos de una violación son las pacientes las que deciden. Son mujeres que están transitando por una situación especial para la cual el equipo de salud le tiene que dar asesoramiento y la paciente elegir”, aseguró.
“La idea es que una mujer primero se cuide para evitar un embarazo no planificado y que pueda acceder a lugares para cuidarse. Después si al estar embarazada tiene miedo o cree que puede correr riesgo su salud o su vida, que pueda consultar y ser bien asesorada. Y ante un embarazo de riesgo en el que la mujer esté decidida a continuarlo, tener un buen control y tratamiento”, señaló la especialista. Y agregó que ante situaciones identificadas a tiempo, el tratamiento se hace de manera ambulatoria con medicamentos y sin intervención instrumental ni internación.
Los equipos de salud ofrecen un espacio de escucha y también identifican si corresponde a una situación enmarcada en el protocolo nacional de interrupción legal del embarazo al que la Provincia adhiere. “En estos casos el Estado debe dar respuesta, fundamentalmente cuando se trata de cualquier embarazo producto de violación, no solo de mujeres con discapacidad”, especificó.