Seis partidos políticos con actuación en la provincia de Jujuy presentaron en forma conjunta un amparo ante el Tribunal Electoral provincial por el que pidieron “la suspensión urgente de las elecciones provinciales del 27 de junio de 2021”, y que éstas “sean unificadas con las elecciones nacionales” de octubre próximo.
Las distintas fuerzas consideraron “inoportuna e infundada la convocatoria a elecciones de cargos provinciales y municipales" fijada para fines de junio, un adelantamiento del cronograma electoral decidido unilateralmente por el Gobernador Gerardo Morales a través del decreto 2870/2021, emitido el 25 de marzo pasado y por el cual se convocó a comicios para la renovación parcial de legisladores en la Cámara de Diputados provincial, así como también concejales y comisionados municipales, por el período 2021-2025.
El amparo fue impulsado por los partidos Kolina, Forja, Arriba Jujuy, Unidos, Solidario e Instrumento Electoral por la Unidad Popular, poniendo de relieve que “en medio del peligro mortal que significa el COVID 19, los ejemplos en distintos países del mundo son de postergamiento de elecciones y no de adelantamiento para el invierno, como se pretende hacer en la provincia de Jujuy sin fundamento válido”.
"Nos parece inoportuna la convocatoria, por eso nos estamos presentando para suspender las elecciones. El eje central del pedido es la cuestión epidemiológica, que ha quedado configurada a partir de las declaraciones del ministro de Salud Gustavo Bohuid", dijo esta mañana en declaraciones a la prensa el abogado Facundo Vargas Durán, luego de entregar el escrito en la sede del Tribunal Electoral de la calle La Madrid.
“Un grupo de partidos políticos con total legitimidad han considerado inoportuno el adelanto y nos han instruido para que presentemos un amparo contra el Estado provincial para que se revierta la medida”, añadió.
“De acuerdo a la Constitución nacional, son los partidos políticos quienes fiscalizan los procesos electorales, por eso es que están facultados para hacer este tipo de presentaciones”, explicó el letrado, quien concurrió al tribunal en compañía de su colega Daniel Gustavo Ibáñez.
Respecto a los plazos legales que se abren a partir de la presentación, Vargas Durán explicó que “el trámite es sumarísimo y los plazos son muy breves. Estamos hablando de no más allá de 20 días para el desarrollo de todo el proceso judicial y nos va a permitir tener una decisión cierta”.
En el escrito se sostiene que carece “de toda lógica como no sea asegurarse un triunfo en solitario del partido gobernante, a costa de arriesgar la vida de los ciudadanos que no solo se movilizarán para el acto comicial en sí, sino que antes de ese día se habrán movilizado millares de militantes de uno u otro partido que en infinidad de reuniones y actos se habrán expresado tratando de conquistar votos mientras el virus del COVID 19 también circula, poniendo en riesgo a autoridades partidarias, militantes, afiliados, candidatos y a nuestros electores”.
En su presentación judicial, los partidos firmantes cuestionaron la discrecionalidad del Poder Ejecutivo jujeño ya que el decreto no invoca "causal extraordinaria o insalvable que impida” que las elecciones se realicen “conjuntamente con las nacionales o en fecha posterior a esta oportunidad".
También criticaron “la oportunidad de la convocatoria desde lo político, económico, social y sanitario”, y resaltaron que el propio ministro de Salud de la provincia puso en duda “que las elecciones puedan realizarse en la fecha indicada”.
En el amparo se afirma que el decreto de convocatoria anticipada a elecciones “no tiene en cuenta ni hace referencia a que la pandemia ya se cobró la vida de casi mil personas, con el agravante de que al 30 de marzo último, según un informe del Hospital San Roque, el 76% de sus camas de terapia intensiva están ocupadas y sin posibilidad de ampliarse”.
“Desde que se declaró la pandemia, la situación epidemiológica ha llevado a que las autoridades electorales de todo el mundo adopten medidas específicas con el fin de celebrar las elecciones y preservar tanto la salud de los electores como la de las personas a cargo de las tareas comiciales”, dice el escrito judicial, y añade que “en lugar de ir a la búsqueda del virus como promueve la decisión del Gobierno jujeño al adelantar las elecciones, las autoridades políticas de otros países postergaron los comicios”.
“Nos agravia seriamente la convocatoria cuestionada porque impone a los partidos políticos transgredir las medidas de seguridad sanitarias impuestas por los Decretos N° 2075-G/2020 de fecha 30/11/2020 y 2670-G-2021 del 08/02/2021, cuyo incumplimiento acarrea severas multas entre $40.000 a $ 340.000, no solo para el organizador del evento, sino quienes participan del mismo. Nos lleva a incumplir las medidas sanitarias, y con ello actuar como factor generador de los contagios”, denunciaron las fuerzas firmantes del escrito.
El desdoblamiento del calendario electoral fue criticado también en el aspecto de la afectación de los recursos presupuestarios provinciales. “La organización de una elección implica un gasto, salvo que sean organizadas conjuntamente con las elecciones nacionales, que sí tienen presupuestada la competencia electoral”, critica el escrito.
Y finaliza asegurando que “el decreto limita en 200 los electores por mesa, lo que sin dudas genera un incremento en el número de mesas por circuito, y consecuentemente se hace necesario un mayor despliegue de fiscales partidarios, lo que también impacta negativamente en el presupuesto de cada organización política, y favorece a los grandes partidos”.