“Esperamos
que esta norma contribuya a saldar la deuda que mantiene con las
comunidades indígenas el Estado”
afirmó el senador nacional Gerardo Morales tras la reciente sanción
de la Ley Nº 26894 que prorroga la Ley 26160. La norma, aprobada en
2006,
declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras
que
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas y suspendió los
desalojos. Esa ley debía operar hasta 2010, pero fue prorrogada hasta
2013. Ahora con la
sanción de la Ley 26894 la norma operará hasta noviembre de 2017. Ese
instrumento además dispone fondos para un relevamiento de las tierras y
la
regularización dominial.
El senador nacional Gerardo Morales impulsó la
iniciativa atendiendo el reclamo que habían expresado, en abril último, diversas
comunidades indígenas de Jujuy. En Senadores la norma había sido aprobada el
3 de julio de este año. Además de extender hasta el 23 de noviembre de 2017
los plazos establecidos en los artículos 1, 2 y 3 de la 26160, dispuso que el
Ejecutivo asigne nuevas
partidas para atender el fondo especial creado en el artículo 4 de la norma.
Morales
recordó que la “la ley 26.160 cristalizó un innegable acto de justicia y
reparación histórica para los pueblos originarios de nuestro país”. Sin
embargo, no obstante la ley se registraron incumplimiento estatales que
retrasaron el ejercicio efectivo del derecho a las tierras de las comunidades”.
Cabe señalar que el reconocimiento de “la
posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”, está
plasmado en el artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, donde además se
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. También
el Convenio 169 de la OIT establece la obligación para el Estado argentino de “tomar
las medidas necesarias” a los fines de “determinar las tierras que los pueblos ocupan
tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de
propiedad y posesión”.
El senador
jujeño destacó la importancia que tiene para las comunidades la posesión y
propiedad de sus territorios que son el espacio de producción material y
reproducción simbólica, así como de contacto espiritual con sus antepasados y
confió que la Ley 26894 ayudará a efectivizar este derecho.
Puso de
relieve Morales la histórica lucha por las tierras de los pueblos indígenas que
tuvo hitos, como la Batalla de Abra de la Cruz, la Batalla de Quera y el Malón
de la Paz. Recordó además que en 2011, tras un corte de ruta de 3 días en
Purmamarca, el Gobierno Provincial estableció plazos para entregar los títulos
a las comunidades. Ese compromiso fue vulnerado por eso el 22 de abril de este
2013, las comunidades de los pueblos kolla y quechua concretaron una marcha
reclamando la entrega de las tierras y la prórroga de la Ley 26.160.
Atento al
reclamo, Gerardo Morales promovió un proyecto de ley considerando que “sigue siendo
necesaria la emergencia dispuesta en la Ley 26160 para evitar desalojos y otro
tipo de actos o medidas administrativas o judiciales que pueda afectar su
posesión territorial y afectar su derechos a la propiedad comunitaria”.
“La ley
aprobada este jueves, explicó, provee reaseguros para los
pueblos indígenas, protegiéndoles de eventuales avasallamiento a su derecho
constitucional de ocupar los territorios en los que vivieron ancestralmente”.
Observó Morales que de esta manera, se crea
un instrumento para prevenir eventuales violaciones de derechos y situaciones
irreparables que pudieran devenir como consecuencia del lento proceso de
regularización y entrega de tierras a las comunidades indígenas, en particular
en la región NOA.
“En la Provincia de Jujuy hace más de quince
años se ha iniciado un proceso de regularización y entrega de las tierras a las
comunidades, sin embargo el mismo ha sido lento y ha generado múltiples
expresiones de protesta en el movimiento indígena que ha reclamado de diversas
maneras, inclusive judicialmente, la conclusión de ese proceso”.
Finalmente, el senador jujeño afirmó que la
norma “brindará un marco de seguridad a las comunidades” y abogó para
que permita poner término al proceso de regularización de tierras indígenas, largamente dilatado en Jujuy.