A días de que la Legislatura jujeña desestimara el pedido de juicio político en su contra, la Defensora General del Ministerio Público de Defensa Penal de la provincia, Ivone Haquim, hizo su descargo frente a los medios de comunicación locales haciendo aclaraciones y sentando su postura frente a un hecho que consideró malicioso. “Quiero que la Comisión Investigadora del Poder Legislativo gire las actuaciones a sede penal y que brinde los motivos de su resolución”, comenzó diciendo sobre su caso.
El pedido de juicio político en su contra había sido promovido por el ciudadano Gustavo Enrique Fiad, imputado por abuso sexual con elevación de la causa a juicio confirmado por la jueza de Control interviniente, y con denuncias en su contra por amenazas, desobediencia judicial e incumplimiento de medida perimetral, todos ellos actos cometidos en contra de un familiar directo de la magistrada.
En la conferencia de prensa que ofreció esta mañana, la Defensora anticipó además que ampliará denuncias contra este individuo por falsas denuncias e iniciará una querella por calumnias. Fiad había manifestado como argumento que Haquim se encontraba inhabilitada para participar de la causa penal en cuestión por derecho propio y en representación de su familiar directo.
“Al no haber tenido la oportunidad de defenderme ante la Legislatura, quiero que la comunidad jujeña sepa que no he cometido ningún hecho ilícito y por ende no existía causa para que el juicio político en mi contra prospere. El mío no es igual a los otros tres casos de juicio político que se desestimaron y por esta razón he solicitado por escrito a la Comisión Investigadora de la Legislatura que aclare los motivos de su decisión y gire las actuaciones a sede penal, como lo establece el artículo 208 inciso 3 de la Constitución”.
“En la interposición del juicio político en mi contra ha existido mala fe. Todo lo que ha sucedido en torno a este intento de juicio político lo conozco a través de la prensa, porque nunca me llegó una notificación personal. Aun así, sabiendo extraoficialmente sobre lo que se sustanciaba en la Legislatura y sin tener la posibilidad de hacer mi descargo correspondiente, he sido respetuosa del procedimiento que se estaba llevando a cabo en ese ámbito”
“En razón de que no pude cumplir con ese paso procedimental, al existir un rechazo in limine al pedido de juicio político, he decidido exponer la situación ante los medios para hacerle saber a la opinión pública en general que en mi caso no existía ningún motivo o razón para ser juzgada jurídica o políticamente. Por ello he solicitado expresamente que se den a conocer los fundamentos ya que no existen razones ni indicios ni pruebas para el juicio político, y además para dejar en alto mi buen nombre y honor”.
“Este juicio político que se promovió es a todas luces malicioso. Se han tratado cuatro casos iguales de juicio político, pero el mío es distinto, por eso solicité que se expresen los motivos del rechazo. Tengo 35 años como abogada, ejerciendo la profesión durante largos 31 años en los que no tuve denuncias ni he estado envuelta en conflictos o problemas de ninguna naturaleza, porque siempre me he manejado dentro de la ley.
“Por ello, considero que no es justo que me den igual tratamiento al de otros casos”, recalcó en alusión a los procedimientos que se siguieron en contra del gobernador Gerardo Morales, el titular del Ministerio Público de la Acusación Sergio Lello Sánchez, y la jueza del Superior Tribunal de Justicia, Clara Langhe de Falcone.
“HACE NUEVE MESES QUE ESPERAMOS JUSTICIA”
“Este pedido de juicio político no tenía ningún sentido, como tampoco lo tenían las presentaciones. Lo que pasa es que, si bien es un caso personal, no es el ámbito natural para tratar cuestiones personales, pero como soy una sola persona que ostento el cargo de Defensora y que además soy una ciudadana como cualquier otra persona que tiene un problema familiar, esta situación tomó ribetes impensados”.
“Hace nueve meses que estamos con mi familia intentando que se haga justicia y se le dé igual tratamiento a nuestra causa, pero no se está cumpliendo. Como Defensora General veo que nuestros asistidos, que son personas que están en estado de vulnerabilidad y que tienen historias de vida muy tristes, son detenidos inmediatamente, siendo que en muchos casos ni siquiera han cometido delito alguno y llegan a juicio privados de su libertad”.
“Exijo y lo seguiré haciendo que se trate igual a todos, que haya igualdad en el tratamiento y que se haga justicia. Y así como formule una denuncia penal, toda irregularidad que detecte la seguiré denunciando porque es mi obligación como funcionaria judicial y magistrada, porque así lo establece el Código Procesal Penal y porque mi apego a la ley es invulnerable. Por todo eso, voy a seguir adelante hasta que se haga justicia”, finalizó.