El derecho internacional considera que la tortura es un crimen que, a través de la destrucción de la personalidad de la víctima, desprecia la dignidad de todo ser humano. Es por eso que la Asamblea de Naciones Unidas (por recomendación del Consejo Económico y Social), hace 18 años proclamó el 26 de junio como el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura con el fin de erradicar la tortura y promover la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Naciones Unidas condena la práctica de la tortura por ser uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes y todos los instrumentos internacionales la prohíben ya que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Es decir, la práctica sistemática y generalizada de la tortura constituye un crimen contra la humanidad.
Por su parte, el 15 de noviembre de 2004, Argentina asumió el compromiso de implementar un Mecanismo Nacional de Prevención al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Por medio de éste, se pueden realizar visitas a todo lugar donde se encuentren personas privadas de libertad, con el fin de supervisar el efectivo respeto a sus derechos humanos.
Diez años después, en 2014, se reglamentó la Ley Nº 26.827, la cual establece un Sistema Nacional de Prevención Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Argentina es el primer país de Latinoamérica en ratificar el Protocolo Facultativo a la Convención de Naciones Unidas contra la Trata, lo cual significa un avance en pos de la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios, judiciales, policiales y de internación psiquiátrica.
Asimismo, en diciembre de ese año, se conoció la muerte de un menor de edad que sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo a raíz de un incendio en una celda de aislamiento del Instituto Agote de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez conocido el caso, y siendo que el derecho internacional prohíbe el confinamiento de menores de edad en celdas de aislamiento, esta Defensoría inició una actuación de oficio a los fines de constatar de qué manera se garantiza la protección integral de los niños, niñas y adolescentes alojados en contextos de encierro y adhirió a lo expresado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para pedir la urgente creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Es así que en el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, debemos insistir con este pedido.
CPN Carlos Haquim
Secretario General a cargo del
Defensor del Pueblo de Nación