Se cumplió la audiencia N°24 la
última en el que se reprodujeron cinco de los testimonios del primer juicio y
que por su contenido ya sea general o particular, se conectaban con las
víctimas y/o los imputados de este segundo juicio.
A partir de la semana próxima el recinto
que se ocupará será la sala “Macedonio Graz” de la Secretaría Electoral Federal
con la presencia de todas las partes de este proceso judicial.
María Pintos, una ex penitenciaria
que se desempeñó entre 1968 a 1987 en el correccional de mujeres pero que era
requerida en caso de necesidad en el Penal 1, tuvo una muy breve intervención y
declaró que las detenidas “vivían encerradas, estaban continuamente en sus
celdas sin visitas” pero dijo nunca haberlas visto golpeadas.
Inés Izaguirre, socióloga
docente en la UBA, autora del libro “Lucha de clases, guerra civil y genocidio
en Argentina 1973-1983. Antecedentes, desarrollo y complicidades”, explicó la
metodología que usó para sus investigaciones y describió en detalle los
procesos políticos posteriores a la Segunda Guerra Mundial y la defensa del
capitalismo que hacían los países aliados frente al marxismo, comunismo y
socialismo. En Argentina describió en los ’60 el papel de las fuerzas populares
estudiantiles, obreras, políticas y sociales algunas de las cuales adquirieron más
tarde el perfil de organizaciones armadas. También explicó que la política de
seguridad aplicada como disciplinamiento al servicio de la economía fue
aplicada desde antes de la dictadura. Sus números fueron contundentes: entre
1974 y 1983 disminuyó en un 35% la cantidad de obreros ocupados, sin embargo
aumentó un 38% la productividad con una
reducción del 20% de horas de trabajo y en la misma proporción redujeron los salarios. En cuanto a las
víctimas del genocidio argentino “el 99% pertenecía a sectores populares”.
“Hubo una política diferente para el Norte del país” dijo y explicó que en
Jujuy, Salta, Tucumán y Córdoba bajo el mando del Tercer Cuerpo con militares
como Bussi y Menendez(formados en Vietnam), antes del 24 de marzo de 1976 se
producen el 62% de las desapariciones, quedando para el resto del país una
cifra mucho menor. Otro dato importante que mencionó fue que, también antes del
golpe de estado, en nuestra provincia se produjeron el 82% de las
desapariciones. Mencionó con orgullo su amistad con Olga Aredez y citó que por
ella y por Reynaldo Sammán(a través de una entrevista) supo que en la cárcel de
Gorriti se torturaba a los presos políticos.
El testimonio de Reynaldo Castro,
periodista e investigador, fue propuesto
para conocer la veracidad de los testimonios de las víctimas y sus familiares.
Él utilizó la metodología de entrevistas grupales donde los relatos se van
reforzando entre sí. Había comenzado a trabajar colaborando con el Dr. Andrés
Fidalgo que investigaba violaciones a los
Derechos Humanos en Jujuy y registraba con rigurosidad los datos. Al morir el
doctor, continuó trabajando con la
ayuda de Nélida, su esposa, que reunía a las víctimas y familiares en su casa. Rescató
el testimonio de Horacio Vale que
mencionó a sus torturadores como Fortunato Marcelino Aguaysol, los suboficiales
penitenciarios Torres y Rodríguez y quienes se encuentran en este juicio
imputados Herminio Zárate y Carlos Ortíz;
también el de Martina Chávez que menciona el trato brutal del sargento Díaz. En
el marco del primer juicio cobraban relevancia Mariano Braga, que según Castro
“ocupa un lugar destacado en el aparato
represivo de Jujuy”, igual que Eduardo Bulgheroni. En su opinión sobre ésta
etapa de la historia en Jujuy, la parte narrativa ya está falta la autocrítica
de políticos y empresas.
Designado Juez Federal en el año 1974 Nestor Meyer contestó con un rotundo ”jamás” haber tenido
detenidos a s u cargo, tampoco recordó ninguno de los varios nombres que el
Fiscal Pablo Pelazzo le mencionó. Describió su función como la de intervenir en
los recursos de Habeas Corpus y que procedía a pedir el informe a la Policía
Federal si allí estaba y se hacía un dictamen favorable “que parece que les molestaba por eso hicieron un
atentado a mi casa pero nunca emití
oficio por detenidos del penal de Gorriti” agregó. Reconoció su firma en
expedientes de 1976 donde figura una firmada por el Cnel Bulacios disponiendo
de detenidos, “la autoridad militar disponía a su antojo” explicó.
El doctor Carlos Magnus Topp
se desempeñó como Juez Federal entre 1977 a 1983, en 1976 era Procurador
Fiscal. Su opinión respecto a los Habeas Corpus fue terminante:”ninguno tenía
éxito” porque, dijo, al no precisarse el lugar de detención el trámite queda
inconcluso. Recordaba a Juan Noguera “porque su
madre concurría al Juzgado para averiguar “, al Dr. Carlos Cardozo
“porque su padre había sido compañero del mío”,
muy poco a Mario Heriberto López y Máximo Tell. Negó que La justicia
haya estado sometida al poder militar, también dijo que no tenías competencia
para intervenir con los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo
Nacional(PEN) pero ”un detenido debe estar siempre bajo la competencia de un
juez” concluyó