El próximo miércoles 23 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana el gobierno de Jujuy, a través del Juzgado Contravencional, llevará a juicio oral a Milagro Sala y a la Tupac Amaru por ejercer el derecho a la protesta social pacífica garantizado en la Constitución Nacional y Provincial.
Se trata de una nueva embestida por parte del gobierno jujeño contra el Estado de Derecho y las garantías constitucionales. El proceso se desarrollará en el juzgado ubicado en Avenida Fascio 650, 1 piso y estará a cargo del juez Matías Ustarez Carrillo, designado en el cargo en forma directa por Gerardo Morales desde el 1 de enero.
El secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma a nivel nacional, Fernando Acosta; José del Frari, secretario general de ADIUNJU; Anabel Yaciancia, de ATE Jujuy y el secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Cruz y diputado nacional mandato cumplido, Horacio Pietragalla se presentarán como testigos por parte de la Tupac Amaru para defender el derecho a la manifestación social que pretende criminalizar el gobierno jujeño a partir de este juicio.
Desde el 14 de diciembre de 2015 hasta el 2 de febrero de 2016, la Red de Organizaciones Sociales realizó un acampe pacífico en Plaza Belgrano, en San Salvador de Jujuy, para reclamar al gobierno provincial la apertura de una instancia de diálogo que había solicitado de manera formal en dos oportunidades desde que Gerardo Morales ganó las elecciones y que en ninguno de los pedidos había recibido respuestas. Estaban en juego 20 mil puestos de trabajo.
Ariel Ruarte, integrante del equipo de abogados defensores de Milagro Sala y diputado provincial explicó: “El derecho a la libre expresión, de petición a las autoridades y de reunión son de indiscutido rango constitucional. Los manifestantes, como último recurso para amplificar su pedido de diálogo con el gobierno provincial que fue desoído en reiteradas oportunidades, llevaron adelante una manifestación pacífica que consistió en la ocupación del espacio público en la Plaza Belgrano sin exclusión de la posibilidad de tránsito de los otros ciudadanos, puesto que había vías alternativas”, indicó.
Para Ruarte, “la manifestación constituyó un uso tan legítimo del espacio público como lo son las actividades comerciales o el tráfico de vehículos y personas. Por otra parte, esa manifestación amplifica una petición inserta el derecho –también de índole constitucional- de no exclusión de una vida digna. La Red de Organizaciones Sociales no tomó una plaza ajena, sino que la plaza le pertenece hace más de 500 años”, afirmó.
En ese marco Ruarte indicó, en referencia a la embestida del gobierno provincial contra los reclamos populares, que “el triunfo electoral no implica la negación de las opiniones contrarias. Esto no es una guerra, acá hay disidentes no enemigos”.
“La detención de Milagro Sala usando como excusa la manifestación, la represión por medios penales de derechos que sostiene el sistema constitucional constituye una violación más de este gobierno a los derechos humanos y es obligación del pueblo defender estos derechos”, expresó el abogado.
En relación al juicio que se realizará el próximo miércoles, afirmó; “el Juzgado Contravencional Nº 1, va decidir si la Constitución sigue o no vigente”.