En una ceremonia cumplida
ayer, jueves 27 de diciembre, asumieron los doctores Néstor Hugo Paoloni y
Cristian Guillermo Torres como jueces de la Cámara de Casación Penal, y el Dr. Rodolfo Miguel
Fernández como Juez de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración
Pública.
El acto fue presido por los jueces del
Superior Tribunal de Justicia, doctores Clara Aurora De Langhe de Falcone –
presidente-, Sergio Ricardo González, Laura Nilda Lamas González y Pablo Baca; y
contó con la presencia de la Fiscal General Adjunto, Dra.
Aída Elena Dajer; la presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Dra.
Norma Issa; magistrados, miembros del Tribunal de Evaluación de los Concursos,
funcionarios y empleados judiciales, e invitados especiales.
Tras la lectura del acta correspondiente, a
cargo del Secretario de Superintendencia Dr. Ariel Cuva, la presidente del
Superior Tribunal de Justicia tomo el juramento de ley y posesionó en sus
cargos a los nuevos magistrados.
En la oportunidad, la Dra. Clara de Falcone expreso
su beneplácito por la integración de la Cámara de Casación Penal y el Juzgado de Control
en lo Penal Económico, avanzando así en la concreción de las metas establecidas
en la Reforma
Judicial , impulsada por el gobernador de la provincia, Gerardo
Morales, en diciembre de 2015.
La magistrada se dirigió a los nuevos jueces
afirmando que existen dos herramientas elementales para el desarrollo de sus
labores: la Constitución
y la Ley.
En ese sentido, en nombre del Superior
Tribunal de Justicia, les dio la bienvenida y los convocó a perfeccionar, con
libertad y sin sometimientos, el Poder Judicial.
Cabe recordar, que los flamantes magistrados
fueron seleccionados por el Tribunal de Evaluación mediante el sistema de
Concursos.
Por su parte, el Juzgado de Control
en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración
Pública , entenderá en los delitos tributarios
establecidos en la Ley
Nacional N° 24.769, sus modificatorias y reglamentarias.
Asimismo, tiene competencia
exclusiva en los delitos tipificados por el Código Penal de la Nación y las leyes
especiales, siempre que quien fuere denunciado como autor, participe primario o
secundario y/o instigador, sea o haya sido funcionario o empleado público
integrante de alguno de los tres poderes del Estado o de cualquiera de sus
entes descentralizados, entidades autárquicas, sociedades o agencias del Estado
y/o sociedades comerciales con participación estatal, y siempre que el delito
investigado se encuentre directamente vinculado al ejercicio de la función
pública que ostenta u ostentaba el funcionario o empleado público denunciado.
Numerosos delitos están contemplados
en la competencia, entre otros, se pueden citar los cometidos contra la Administración Pública ,
contra el Orden Público, Estafas y Otras Defraudaciones, Usura, Quebrados y Otros Deudores Punibles,
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo, y Delitos Contra el Orden Económico y
Financiero.
Departamento de Prensa y Relaciones
Públicas