El gobierno ha aprobado una orden ejecutiva para permitir que los tribunales apliquen la pena de muerte a los condenados por violar a menores de 12 años. El Ejecutivo de Narendra Modi responde así a los últimos dos casos que han sacudido recientemente al país.
El primer ministro Modi ha convocado una reunión urgente de su gabinete después de haber aterrizado esta mañana en Delhi, proveniente de un viaje por Europa. La orden aprobada en el encuentro con sus ministros tiene la intención de enmendar las distintas leyes que recogen el delito de violación, entre ellas el código penal y la ley que protege a los niños frente a abusos sexuales.
Ayer mismo el gobierno le notificó al Tribunal Supremo que pretendía endurecer los castigos contra los violadores de menores. En menos de 24 horas han llegado los primeros movimientos.
Según la propuesta de enmienda aprobada por el gabinete, la pena máxima por la violación de un menor de 12 años, que hasta ahora era la cadena perpetua, pasaría a ser la pena de muerte, y las penas mínimas, que se situaban entre 7 y 10 años de prisión, ahora aumentan a un mínimo dos décadas entre rejas. En caso de violación de un menor de 16 años, la pena mínima sube de 10 a 20 años de cárcel y es prorrogable a cadena perpetua.
En la orden ejecutiva también se incluyen medidas para agilizar las investigaciones y el juicio en este tipo de casos, así como se han impuesto restricciones para la concesión de la libertad bajo fianza de los acusados. Según informa el diario The Indiasn Expres, el gobierno ha ordenado que se creen nuevos tribunales de vía rápida y que en cada estado se establezcan laboratorios forenses especiales dedicados exclusivamente a casos de violación.
Esta respuesta del gobierno del BJP se produce después de que explotase la indignación en todo el país por la violación y asesinato de una niña musulmana de 8 años en Cachemira y la violación de una menor de 17 en Uttar Pradesh supuestamente a manos de un político local.
Muchos en India han colocado en el punto de mira al gobierno del hinduista Modi al cuestionar su silencio durante los primeros días. En su primera intervención, después de que las protestas inundasen calles y portadas, Modi prometió que se impartiría justicia. "Quiero asegurar al país que ningún criminal será perdonado", dijo en un acto público. "Nuestras hijas obtendrán justicia".
Durante su viaje en Reino Unido, Modi fue recibido con protestas de la diáspora india que reside en Londres y que le exigía respuestas ante las violaciones de menores. El primer ministro afirmó que ambos casos eran "una cuestión de gran preocupación" y "una vergüenza" para el país.
En suelo indio las demandas han corrido a cargo de una oposición que ha visto la oportunidad de cuestionar la falta de respuestas del gobierno y de numerosos activistas por los derechos humanos que exigen mano dura. La directora de la Comisión para la Mujer de Delhi, Swati Maliwal, lleva más de una semana en huelga de hambre con el fin de que el gobierno aprobase la pena de muerte para violadores.
En los últimos días se ha pronunciado también el indio Kailash Satyarthi, que ganó en 2014 el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra las diferentes explotaciones infantiles. El activista pidió que se establezca un tribunal especial para niños con el fin de agilizar los procesos ya que, según denunció, alrededor de 100.000 casos de violación a menores siguen todavía pendientes. Según la Oficina Nacional de Registro de Delitos (NCRB), en India se produjeron en 2016 casi 20.000 violaciones a menores.
Esta no es la primera vez que el gobierno responde endureciendo las leyes tras un crimen sexual que conmociona al país. Ya lo hizo tras la brutal violación y asesinato de una estudiante en el sur de Delhi en 2012, un caso que indignó al país y al mundo.
Aquella atrocidad generó una ola de protestas y provocó que la violencia sexual contra la mujer se colocase en la agenda política y mediática de la India. Hoy hay más conciencia sobre esta lacra, han crecido las denuncias y las leyes son más duras. No obstante los propios expertos que elaboraron las reformas después de la violación de 2012 advirtieron que la pena de muerte "puede no tener un efecto disuasorio" y que el foco principal debe situarse en la escasez de casos que acaban con una condena.